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Desde que Obama presentó su plan de reforma el pasado mes de septiembre no han cejado las críticas de propios y extraños. Ni siquiera los cambios introducidos a lo largo del debate en el Congreso han logrado evitar una drástica caída del respaldo popular a la más emblemática propuesta del Presidente de los Estados Unidos. El descontento está cundiendo entre demócratas y republicanos: para muchos de los primeros, se está gestando una reforma insuficiente; mientras que para los segundos, la reforma supone una peligrosa invasión del Gobierno en la vida privada de los ciudadanos. Incluso la premisa que justificó la propuesta de reforma, cuarenta millones de ciudadanos sin cobertura médica, ha sido puesta en entredicho: al menos la mitad son personas que pudiendo estar aseguradas, deciden libremente no hacerlo (fundamentalmente jóvenes sanos, que prefieren dedicar su dinero a otros fines); y una parte importante de la mitad restante podría acogerse a los programas públicos que ya existen.

El creciente desencanto con la reforma sanitaria propuesta por Obama contrasta con el entusiasmo que produce en España, donde plumas y voces de todos los colores celebran lo que una creciente mayoría de estadounidenses parecen repudiar. En no pocos casos, la alegría que ha producido la iniciativa de Obama entre los españoles ha tornado en euforia y, desde ese estado de ánimo, se ha querido confundir el verdadero contenido de la reforma con un acercamiento de la sanidad de los EEUU a los sistemas sanitarios europeos.

¿Y si Obama no está “copiando” el modelo de sanidad pública de España, en qué consiste su reforma sanitaria?. Desde las distintas instituciones por las que ha pasado el proyecto, se le ha ido bautizando con distintos nombres. Pero la expresión que Obama ha acuñado recientemente resume perfectamente el contenido de su plan: la reforma de los seguros sanitarios. Y es que, si bien aborda cuestiones como la mejora de la eficiencia de los programas públicos que existen desde hace mucho tiempo (Medicare, Medicaid, Children´s Health Insurance Program, etc), el eje del proyecto gira en torno a una reforma del mercado asegurador, que incluye medidas tan drásticas como obligar a esos veinte millones de ciudadanos que no quieren tener un seguro médico a suscribir una póliza (por supuesto privada y pagada por ellos mismos).

Obama plantea, por un lado, algunas reformas de carácter regulador con el objeto de reforzar la situación de los consumidores frente a las aseguradoras. Así, propone la prohibición de negar la cobertura sanitaria por la existencia de enfermedades previas a la contratación del seguro; o la prohibición de aumentar el precio de la primas por razón de circunstancias personales como el sexo o la profesión.

Por otro lado, se pretende introducir una mayor competencia en el mercado asegurador, con la creación de una bolsa de contratación de seguros para promover una mayor trasparencia y unidad de mercado. Además, propone la conocida como opción pública, uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa, que consiste en la creación de una entidad aseguradora de naturaleza pública que, sin un solo céntimo de recursos públicos a partir de su puesta en marcha, compita en el mercado de los seguros privados con las compañías ya existentes. Tan es así, que el Presidente Obama se comprometió solemnemente ante el poder legislativo a que los contribuyentes nunca tendrán que pagar la opción pública, que “deberá ser autosuficiente y depender de las primas”. Así pues, la opción pública descansa en la sorprendente –y refutada reiteradamente a lo largo de la historia- presunción de que el sector público es más eficiente que el sector privado; y que, por tanto, es capaz de ofrecer pólizas de seguro privadas a un coste menor que las empresas especializadas. Sin embargo, si el futuro de la reforma tal como fue concebida originalmente es incierto, más lo es el de la opción pública, ya descartada en el texto aprobado por el Senado en vísperas de Navidad.

Además de la reforma del sector asegurador, el plan original prevé otras medidas como la mencionada mejora de Medicare y Medicaid mediante, por ejemplo, la constitución de órganos de control que supervisen el gasto, el abuso y el fraude en la gestión de estos programas públicos. A pesar de que la ampliación del programa Medicare hasta los 55 años no prosperó en el Senado, la ampliación del programa Medicaid está prevista en ambos textos. A esto último, en cambio, se oponen muchos gobernadores que no saben cómo afrontar nuevos gastos (parte de la financiación de este programa corresponde a los Estados) en un momento en que las arcas públicas no están precisamente boyantes.

Estos son a grandes rasgos los pilares sobre los que gravita la reforma sanitaria de Obama. Alguno se ha desmoronado ya a su paso por el Congreso y está por ver qué puede ocurrir después de la elección de un republicano como Senador por Massachusetts. De momento, la escasa atención dedicada por Obama a su propuesta de reforma en el Debate sobre el Estado de la Unión que se celebró ayer podría estar indicando que nos encontramos ante un proyecto menguante.

En cualquier caso, debo confesar una envidia sana por la intensidad y la profundidad con la que se ha debatido la reforma del sistema sanitario en Estados Unidos y por la atención que han prestado a esta cuestión los medios de comunicación en España, para los que nuestro propio Sistema Nacional de Salud rara vez merece atención, más allá de episodios como la nueva gripe A o para dar cobertura al cansino y falaz discurso de la privatización.