10/05/2012. Artículo publicado en el diario ABC.

Si existe un elemento diferenciador entre un Estado democrático y un Estado totalitario, no cabe duda de que quizás el más significativo es la posibilidad de ejercer el Derecho de Reunión para expresar colectivamente posturas de apoyo o de repulsa mediante manifestaciones o concentraciones. No se trata, sin embargo, de un derecho ilimitado, y la dificultad de su ejercicio radica en hacerlo compatible con los derechos de los demás ciudadanos.

En España, el Derecho de Reunión está recogido en la Constitución dentro del Título I dedicado a los «derechos y deberes fundamentales». Y hay que subrayar ambos conceptos: derechos y deberes, porque en más de una ocasión el segundo de los vocablos es objeto de olvido cuando de lo que se trata es de manifestaciones y concentraciones que tienen por escenario ese espacio compartido por todos los ciudadanos que es la vía pública, y que en determinados momentos debe ser objeto de ocupación exclusiva de manera temporal para facilitar el ejercicio del Derecho de Reunión. Hacer compatibles los derechos y los deberes constitucionales, alcanzando un adecuado equilibrio entre ambos, constituye un objetivo prioritario de la Delegación del Gobierno en Madrid. Un objetivo que se trata de lograr desde la mesura, el diálogo y el cumplimiento de la legalidad.

No es, sin embargo, un criterio fácilmente comprensible para todos y, en especial, para quienes quieren manifestarse incumpliendo requisitos esenciales, como la comunicación previa o la necesidad de que el ejercicio de este derecho sea pacífico. Y tampoco para el movimiento 15-M, que parece querer desvirtuar los elementos básicos del Derecho de Reunión, pretendiendo ocupar de forma prolongada relevantes espacios públicos de la ciudad a modo de campamento urbano, y causando con ello graves daños al sector comercial y turístico, y a la vida cotidiana del resto de los ciudadanos.

Sobre esta base, tales colectivos cuestionan las decisiones que se toman desde la Delegación del Gobierno, en aplicación tanto de los preceptos constitucionales, como de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión. Decisiones directamente derivadas del ordenamiento jurídico, y que se basan en tres criterios vertebradores.
En primer lugar, la consideración de que el Derecho de Reunión, al igual que los demás derechos fundamentales, tiene límites establecidos en la propia Constitución.
En segundo lugar, y como consecuencia de este criterio, la necesidad de comunicación previa de la manifestación o concentración, con el objetivo prioritario de minimizar la incidencia de estos actos en la vida de una gran ciudad como Madrid.

En tercer lugar, hay que destacar que, cumplidos los requisitos legales, la Administración Pública se configura como garante de este derecho, y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es la de velar para que su ejercicio se lleve a cabo libre de cortapisas o coacciones de ningún tipo.

Sobre la base de estos criterios, la Delegación del Gobierno mantiene, como no podía ser de otro modo, una postura abiertamente favorable a la celebración de cuantas manifestaciones y concentraciones deseen celebrarse cumpliendo la legalidad, con una postura permanentemente abierta al diálogo como elemento esencial del sistema democrático en el que vivimos.

En todos los casos, el propósito a la hora de valorar las resoluciones que hay que adoptar por parte de la Administración en cada una de esas manifestaciones y concentraciones, ha sido el mismo: que no se sobrepasen las líneas rojas configuradas por las reglas del juego que libremente nos hemos dado a través de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y evitar que el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales por parte de unos ciudadanos, entre en colisión con los derechos que disfrutan los demás.

Planteamientos y normas que son aplicables a todos los ciudadanos, y que no admiten excepciones para ningún colectivo y para ninguna reivindicación, como pretende el movimiento 15-M, toda vez que ello supondría una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley, también merecedores de protección constitucional.

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La obra podrá comenzar a finales de verano y tendrá una duración aproximada de un año. Con la ampliación, –pasará de 541 a casi 2.000 metros cuadrados-, lo que permitirá atender la totalidad de la demanda sanitaria de Arroyomolinos de este modo el centro de salud casi cuadruplicará su superficie. En la actualidad, la población adscrita al centro de salud es de 17.177 personas con una plantilla de siete médicos de familia, tres pediatras, seis enfermeras, cuatro auxiliares administrativos y un auxiliar de enfermería.

El nuevo edificio e instalaciones permitirán un uso racional de la energía convirtiéndolo en un edificio inteligente, ahorrando cantidades importantes en el mantenimiento del mismo y logrando una gran eficiencia energética. Tras las obras, el centro de salud dispondrá de cuatro consultas de médico de familia, tres consultas de enfermería, dos consultas pediátricas, una consulta de enfermería pediátrica, una zona de extracción de muestras, una sala de usos múltiples, una zona de urgencias, así como unas áreas de admisión y administrativa.

Desde 2003, el Gobierno regional mantiene su compromiso con la sanidad de los vecinos de Arroyomolinos. Desde esta fecha, la Comunidad de Madrid ha invertido 16,6 millones de euros en mantenimiento y mejora de áreas asistenciales y no asistenciales del hospital de Móstoles, que es el centro sanitario de referencia en el área sanitaria del municipio. Pero el compromiso del Gobierno regional no se limita al ámbito sanitario, sino a todos los aspectos que puedan proporcionar a los madrileños mejoras en su vida diaria. Por este motivo, el Gobierno regional continúa, a pesar de la crisis económica, con las inversiones del Plan Regional de Infraestructuras y Servicios (PRISMA).

La obra podrá comenzar a finales de verano y tendrá una duración aproximada de un año. Con la ampliación, el centro de salud casi cuadruplicará su superficie –pasará de 544 a casi 2.000 metros cuadrados-, lo que permitirá atender la totalidad de la demanda sanitaria de Alpedrete.La población adscrita al centro de salud es de 12.437 personas con una plantilla de cinco médicos de familia, dos pediatras, cinco enfermeras y cuatro auxiliares administrativos.

Tras las obras, el centro de salud dispondrá de cuatro consultas de médico de familia y dos consultas pediátricas, una zona de cinesiterapia (fisioterapia) y sala de usos múltiples, una zona de cursos de preparación al parto, una zona de urgencias, así como unas áreas de admisión y administrativa. Desde 2003 la Comunidad de Madrid ha impulsado la construcción de 12 nuevos hospitales, 11 ya a pleno rendimiento. Dos de ellos están en el área sanitaria de Alpedrete: el dePuerta de Hierro que ya está en funcionamiento y el de Collado Villalba
todavía en construcción.

El compromiso de la Comunidad de Madrid no se limita al ámbito sanitario, sino a todos los aspectos que puedan proporcionar a los madrileños mejoras en su vida diaria. Por este motivo, el Gobierno regional continúa, a pesar de la crisis económica, con las inversiones del Plan Regional de Infraestructuras y Servicios (PRISMA). De hecho, yo diría que la Comunidad de Madrid es la única región que, en estos momentos, acomete obras de infraestructuras en sus 178 municipios.

Un antagonista al agente “007″ en las novelas de Iam Fleming, las que inspiraron la serie cinematográfica, es el “Doctor No”. Se ha reencarnado en Rubalcaba. Si nuestro “Doctor  No” tiene esa fórmula para superar la crisis, si puede sacarse de la chistera medidas distintas a las que está tomando Rajoy, algunas de las cuales tomó tímidamente el anterior Gobierno del que formó parte, que las hubiese puesto en práctica cuando fue todopoderoso en años pasados, o que, al menos, se las hubiese explicado a Zapatero. Pero no lo hizo. Porque proclamar continuamente que se debe gastar más no es solución. Ya conocimos ese jarabe y nos dejó 90.000 millones de euros de lastre y 27.000 millones de euros de déficit ocultado a la Unión Europea y a los españoles. O nos habla de su fórmula magistral y secreta o que se calle para siempre.  Que nos hable de fútbol o que arrime el hombro de una vez demostrando alguna responsabilidad. O, por lo menos, que deje que otros traten con esfuerzo de arreglar el entuerto que su Gobierno dejó.

A Rubalcaba le molesta callarse pero, al tiempo, exige a Rajoy que no hable de la herencia que recibió el 20 de noviembre. Eso le parece democrático. Qué cosas.

El inconsistente líder del primer partido de la oposición acusa a Rajoy de que pedirle que se calle no es democrático. Bueno, lo democrático parece que es ganar unas elecciones por una contundente mayoría absoluta, 186 escaños, y que quien las pierde con el peor resultado socialista de su historia, 110 escaños, busque la democracia en la movilización callejera. Lo democrático es, según Rubalcaba, dar más credibilidad a quienes se manifiestan en la calle, que siempre son infinitamente menos, que a quienes se manifiestan libremente en las urnas. Curioso modo tiene el líder socialista de medir la democracia.

La respuesta a Rubalcaba y a los Sindicatos es que la calle no se deja engañar. En la manifestación convocada el pasado 29 de abril se movilizaron según la Policía, que no tiene motivo para mentir, 9.000 personas; los Sindicatos dijeron que 40.000. En la celebración del 1º de mayo respondieron a la llamada socialista y sindical 15.000 ciudadanos, aunque los Sindicatos dijeron que 100.000; fue la de menor asistencia de los últimos años. Los Sindicatos son las instituciones cuya imagen se ha deteriorado más en menos tiempo. Si el desnortado PSOE de Rubalcaba quiere recibir de los Sindicatos el abrazo del oso, allá él.

Mientras, suceden cosas que Rubalcaba y sus acólitos desdeñan. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, autor del Pacto de Estabilidad, viajó a España para declarar, junto a Luís de Guindos, que las medidas económicas que está tomando el Gobierno para salir de la crisis le parecen impresionantes. Afirmaciones parecidas se escuchan desdela Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, etcétera. Pero estas opiniones parecen pertenecer a pardillos sin consistencia.

Por lo que desoyen las opiniones de los expertos, se diría que quienes saben Economía son Rubalcaba, Méndez y Toxó. Pero no es así. Rubalcaba en su soledad sueña con un futuro en el que las medidas de Rajoy no tengan éxito, y Méndez y Toxo no defienden a los trabajadores, defienden sus privilegios, que desde el cambio de Gobierno están mermándose sin prisa pero sin pausa.

Tampoco sabe demasiada Economía Cayo Lara. La fórmula del líder comunista para superar la crisis se resume hasta ahora en la proclamada “salida por la izquierda” que es más bien una fórmula vaporosa; poca cosa. Y digo que hasta ahora porque ya hemos desvelado el misterio: la salida de la crisis por la izquierda es la que ha llevado Valderas, líder comunista andaluz, a su pacto de gobierno con Griñán que mantiene con sus votos al quemado presidente del Gobierno de Andalucía en su sillón del Palacio de San Telmo.  

El “Acuerdo por Andalucía” que da cuerpo al Gobierno bipartita es un decálogo lleno de ocurrencias. Crea hasta seis nuevos organismos públicos, entre ellos una “entidad financiera andaluza” y un “instituto público de crédito” con una dotación de 1.500 millones de euros, que supone más de la mitad de la deuda andaluza con sus proveedores; anuncia una treintena de leyes, entre otras una sobre la “memoria democrática de Andalucía” y otra sobre la transexualidad; anuncia nuevas fórmulas fiscales, una “revolución impositiva”, y una nueva financiación de la Comunidad y de los municipios;  anuncia la ejemplaridad  “en el ejercicio de lo público” apostando, entre otras vías, por una modificación de la ley del Defensor del Pueblo Andaluz y por un Estatuto de Altos Cargos de la Administración; anuncia una reforma de la Ley Electoral cercana a la que promueve Esperanza Aguirre en Madrid, de momento congelada precisamente por la oposición de IU y del PSOE; anuncia que se modificará la norma para garantizar la constitución de  comisiones de investigación parlamentaria; anuncia que garantizará la práctica del aborto “a cargo de la Seguridad Social y dentro de la red sanitaria pública”; anuncia limitar el funcionamiento de las Bases de Rota y Morón; anuncia que Andalucía tendrá voz propia en las negociaciones con la UE; anuncia la creación de diversos Grupos de Trabajo para estudiar algunos asuntos de carácter social y económico, que eso no compromete a nada y tranquiliza a quienes desde IU están mosqueados por el pacto.

A lo largo del Acuerdo se desafía una y otra vez a la Administración central y se establecen directrices para la relación de la Junta de Andalucía con el Gobierno de la Nación “desde la defensa del Estatuto de Autonomía”. En una clara advertencia al Gobierno central se asegura que de producirse “actuaciones contrarias” al Estatuto, es evidente que se refiere a la intervención directa de su economía prevista en la Ley de Estabilidad, la Junta de Andalucía “emprenderá cuantas acciones institucionales, jurídicas y sociales sean precisas para su restitución y defensa”.

Una vez recuperada su poltrona presidencial, Griñán ya ha proclamado que no acatará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es tanto como desear una legislación a la carta, de modo que, según eso, los ciudadanos sólo cumpliríamos las leyes que nos saliese de la entrepierna cumplir. Menuda imagen de solvencia vamos a dar a Europa.

En resumen: más gasto, más organismos públicos, resistencia a las medidas de austeridad del Gobierno, insistencia en la mirada al pasado, medidas que rebasan con mucho las competencias autonómicas,  y brindis al sol sobre la corrupción, ya que el propio hecho de mantener a Griñán al frente de la Junta es una contradicción con un deseo sincero de transparencia y de abandono de las prácticas corruptas. No vale el borrón y cuenta nueva; un cambio de Gobierno no supone un cerrojazo a las responsabilidades anteriores. Creer que Griñán se va a investigar a sí mismo es una ingenuidad por no llamarlo por el nombre que le es más propio: una complicidad.

El futuro del nuevo Gobierno de Andalucía tiene sobre sí la investigación judicial de los ERE fraudulentos. El ex–consejero de Empleo, Antonio Fernández, ingresó en prisión por una trama que ya dura una década. La estrategia de la incansable juez Mercedes Alaya apunta a que el cerco se irá cerrando en las próximas semanas en torno a José Antonio Viera que era consejero de Empleo cuando se inició el fraude de los ERE. Permitió que durante diez años se repartiera dinero público con una discrecionalidad impropia de una Administración. Si Viera es imputado el asunto pasaría al Tribunal Supremo ya que tiene acta en el Congreso de los Diputados.

El fraude de los ERE tiene dos partes diferenciadas. La primera parte es corrupción pura y dura: personas que cobraron dinero público pese a que nunca trabajaron en las empresas favorecidas por los ERE, ayudas directas y sin control a sociedades vinculadas a cargos del PSOE, sus familiares y próximos, comisiones cobradas por intermediarios en los expedientes… La segunda parte compromete de plano al Gobierno andaluz, ya que la juez Alaya apunta a todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a sus dos últimos presidentes: Chaves y Griñán. La juez cree que el procedimiento seguido en la concesión de las ayudas es ilegal. Y se trata de una partida presupuestaria dotada a lo largo de los años con 700 millones de euros, que si se declara ilegal crearía no pocos problemas jurídicos, ya que habría daño a terceros. Lo cierto es que el procedimiento recibió objeciones continuadas por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía.

Cuando empezó la acción judicial contra el ex–consejero Fernández, Alfonso Guerra se pasó varios pueblos en su estilo clásico cuando injurió a la juez entrando en chascarrillos sobre su vida privada y, con otra palabra, vino a llamarla puta. Muy fino. La reacción de la Junta ante el ingreso en prisión del ex–consejero ha sido inequívocamente defensiva: se ha llegado a acusar más o menos directamente a la juez Alaya de prevaricación al estimar que le ha discriminado ya que se merecía un tratamiento distinto e insinuar que lo ha hecho por tratarse de quien se trata. La reacción es defensiva ya que algún malicioso podría pensar que se trata de dar afecto a Fernández para que no hable más de la cuenta. Aunque el ex–director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, también en prisión, ya ha hablado lo suficiente. Declaró ante la juez que todos sus superiores, del consejero al presidente de la Junta, conocían que los ERE se otorgaban “discrecionalmente” y “sin publicidad” por lo que la juez entiende que la Junta había ideado un  “sistema” para eludir los controles.

De la evolución del procedimiento judicial dependerá la estabilidad y continuidad del flamante Gobierno PSOE-IU. Valderas, probablemente azuzado por Cayo Lara, ha hecho que muchos afiliados a IU hayan tragado carros y carretas para pactar con Griñán, que había sido una de sus más conspicuas bestias negras durante la anterior legislatura. Ni mucho menos ha habido unanimidad entre las bases de IU, en su mayoría comunistas, en relación con el pacto, sobre todo por la evidente corrupción estructural del “régimen” socialista andaluz durante más de treinta años. Con condenas encadenadas o con imputaciones hacia arriba Valderas no podría mantenerse en el Gobierno, si es que quiere dar una imagen ética.

IU de Andalucía convocó una consulta interna para que sus afiliados opinasen sobre el pacto con el PSOE y, sobre todo, sobre su integración en el Gobierno. Las bases se pronunciaron respondiendo a dos preguntas muy concretas. La primera sobre la conformidad con un acuerdo político entre PSOE e IU y la respuesta debía ser “sí” o “no”. La  segunda sobre la opción preferida en el desarrollo de ese acuerdo político, y la respuesta debía ser: acuerdo de legislatura o entrada en el Gobierno. Para muchos afiliados en la consulta se evitaba una opción que  no pocos preferían: apoyo a la investidura de Griñán, para impedir el Gobierno de Arenas, que, por cierto ganó las elecciones, pero oposición durante la legislatura y rechazo a cualquier acuerdo con el PSOE. El CUT, formación integrada en IU y liderada por José Antonio Sánchez Gordillo, apostaba por esa opción. Sánchez Gordillo declaró que el pacto de gobierno con el PSOE supone “el anuncio de la muerte de IU porque el electorado  no nos lo va a perdonar” y entiende el pacto como una “auténtica barbaridad”. Lo mismo opina una llamada “Plataforma ciudadana por la información y la participación pública” que distribuyó en la red el manifiesto: “Por qué nos oponemos al pacto IU-PSOE en Andalucía”.

El día 25 de abril Valderas hizo públicos los datos de la consulta a sus bases. Según dijo el 84,93 % de la militancia apoyó un acuerdo de gobierno con los socialistas, pero sus propios datos contradicen tal porcentaje. Efectivamente, según sus cifras, de los 7.635 miembros que forman el censo de IU, los 3.725 militantes que votaron a favor del pacto de gobierno representarían el 48,79 % del total.  Las cuentas de Sánchez Gordillo son muy otras. Todas las papeletas del CUT, su formación dentro de IU, fueron declaradas nulas porque no se ajustaron a las dos preguntas impuestas por la coalición. Según este dirigente en las asambleas locales que controla CUT los votos fueron 3.833, de los que 2.689 se manifestaron por apoyar sólo la investidura, 81 por un pacto de gobierno y 61 por un apoyo de legislatura. Un 95,63 % rechazó el Acuerdo cerrado con el PSOE mientras sólo un 4,36 % lo habría apoyado.

El nuevo Gobierno tendrá que asumir los anuncios de austeridad de Griñán, ya con Rajoy en Moncloa: ahorrar 2.700 millones de euros que con la rebaja de 2.300 euros en los actuales Presupuestos de la Junta, supondrían un total de rebaja de 5.000 millones. El Presupuesto actual de Andalucía es de 32.000 millones de euros. La postura de IU en el último debate presupuestario fue muy dura con las cuentas de Griñán. El 26 de diciembre del año pasado, el último día del debate, el portavoz de Presupuestas de IU en el Parlamento de Andalucía, Ignacio García, dijo que esas cuentas “van a profundizar en la crisis” porque son unas cuentas “obedientes a los mercados” y que, por el contrario, “no ayudan a los parados, no hablan de empleo y plantean una importantísima rebaja de las inversiones”. Ahora IU va a tener que convivir con esos Presupuestos, y con sus cuantiosas rebajas, que no parecen compatibles con los enormes gastos que suponen los términos del “Acuerdo por Andalucía” firmado con el PSOE. A ver cómo salen del laberinto.

Valderas ya es vicepresidente de la Junta de Andalucía y dos comunistas regentan las carteras de Fomento y Turismo, dos chollos para el manejo de la pastizara. Entra como Consejera de Fomento una señora que se apellida Cortés pero a la que se conoce escasa cortesía; recibió a una procesión de Semana Santa con los bramidos de una sirena, propuso que se colocara la bandera republicana en el Ayuntamiento de Córdoba, y llamó a la bandera de España “trapo de colores”. En fin, esta aguerrida comunista es lo que Ramón Gómez de la Serna llamaría “analfabeta ilustrada”, que en este caso no es una contradicción.

El afán de Valderas y los suyos por el sillón, el despacho con moqueta y el coche oficial pondrán en una extraña tesitura a IU que tendrá que apoyar a quienes sus votantes del pasado 25 de marzo no querían ver ni en pintura. IU recogió buena parte del voto socialista descontento y asqueado y por eso pasó de6 a12 diputados. Que no se equivoque el dirigente comunista andaluz: era un voto contra Griñán y sus políticas. Y ahora resulta que los esforzados seguidores de Valderas, sólo por su ambición de poder,  han apoyado a Griñán. Una incoherencia indiscutible. Esta es la verdad, dígala Agamenón o su porquero, como nos cuenta don Antonio Machado en “Juan de Mairena”. Don Antonio pone en boca de Mairena: “la mayoría de los hombres preferirá, a la verdad vulgarizada, la mentira ingeniosa o la tontería sutil”. Pero en este caso ni la mentira es ingeniosa ni la tontería es sutil. Así están las cosas en el laberinto andaluz.